Una ley contra los derechos de los migrantes

Espacio Sin Fronteras *

Adital

El Estado de Arizona viola normas internacionales de derechos humanos
Sao Paulo, mayo 13 del 2010

Espacio Sin Fronteras (ESF), una red de asociaciones, organizaciones y activistas en derechos humanos y migraciones de nueve países de América del Sur, en el marco de su Tercera Reunión Anual, efectuada en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, expresa su profunda indignación y hace pública la preocupación por las violaciones a los derechos humanos de las personas inmigrantes y sus familias que se pueden derivar tras la aprobación y sanción de las leyes SB 1070 y HB 2162 en el Estado de Arizona, Estados Unidos de América.

La ley SB 1070, firmada por la gobernadora Jan Brewer el 23 de abril y, su enmienda, la ley HB 2162, que entrarían en vigor en tres meses, extienden la autorización para determinar la condición migratoria de las personas no sólo a la policía estatal y municipal, sino también a los inspectores de las ciudades, los condados y el Estado de Arizona.

No obstante que la enmienda HB 2162 prevé que las autoridades podrán requerir a una persona sobre su condición migratoria sólo cuando ocurra "una intercepción legal, detención o arresto" en la aplicación de cualquier otra ley u ordenanza de un condado, ciudad o pueblo del Estado de Arizona; ESF considera que estas leyes atentan contra la "Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre", aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana de 1948 y la "Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial", ratificada por los Estados Unidos, en octubre de 1994.

Desde la perspectiva de las normas internacionales la detención debe aplicarse sólo de manera excepcional y luego de haber analizado, en cada caso, su necesidad y proporcionalidad por la autoridad competente, que los estándares internacionales señalan que debe ser un juez.

ESF comparte la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH/OEA) sobre el alto riesgo de discriminación racial en la implementación de la ley y por la criminalización de la presencia de inmigrantes indocumentados.

En este contexto, ESF sostiene que el derecho internacional reconoce que los países pueden establecer mecanismos para controlar el ingreso y la salida de extranjeros de su territorio; sin embargo, advierte que este tipo de acciones deben realizarse dentro del pleno respeto a los derechos de las personas afectadas, y que la observancia del "principio de no discriminación" y los derechos a la libertad e integridad personal tienen preeminencia sobre la implementación de las políticas públicas.

Perseguir y arrestar trabajadores migrantes que producen riqueza y pagan impuestos es volver sobre soluciones equivocadas, aumenta su nivel de vulnerabilidad y no resuelve la crisis económica global.

ESF expresa su apoyo y solidaridad con las personas inmigrantes, sus familias y las organizaciones sociales de Estados Unidos que se movilizan contra esta Ley y sus exigencia a las autoridades de ese país para que derogue las leyes SB 1070 y HB 2162, aprobadas en el Estado de Arizona y, en su lugar, adopte, en el menor tiempo posible, una ley federal sobre inmigración, en concordancia con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.

Por último, ESF hace un llamado tanto a la Relatoría Especial de la CIDH/OEA sobre trabajadores migratorios y miembros de sus familias como a la Relatoría Especial de la ONU sobre derechos humanos de los migrantes, a aunar esfuerzos y proceder en conjunto para demandar de los Estados Unidos de América la adhesión de la "Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares" y la implementación de una reforma migratoria comprehensiva e integral.


* Articulación internacional formada por organizaciones y redes nacionales sulamericanas comrpometidas con la promoción de los DDHH de hombres y mujeres inmigrantes