MUNDIALDiseños maliciosos en la política puertorriqueña Por Angel Israel Rivera
80 Grados
3 de diciembre de 2021
En el mundo de hoy muy pocas cosas ocurren por casualidad. Unas cosas ocurren aquí, allá y allá y se combinan para llevar a un mismo resultado. Lo que sí es cierto es que no se deja todo a la casualidad. Hay un diseño. Y el mismo es “malicioso”, en el sentido en que se operan acciones para engañar a los otros, para hacerles creer lo que no es.
Los medios de comunicación de masas, sobre todo la prensa comercial diaria, se prestan para promover y exagerar las “realidades de ensueño” que realmente no existen. Todos los interesados “compran tiempo” en lo que los pueblos despiertan políticamente a las verdaderas realidades.
Entre algunos de los líderes políticos de los partidos, se estila creer que la Junta de Supervisión Fiscal la decidió el Congreso como algo “beneficioso para Puerto Rico”. Poco a poco la propia realidad de las decisiones que quiere imponer la JUNTA, nos provee evidencia–una tras otra— de que la misma no vino a resolverles nada a los puertorriqueños y sí a cobrar deuda para los estadounidenses. Aunque se afecten los más vulnerables en Puerto Rico y aunque los beneficiarios en Estados Unidos sean ya millonarios.
Igualmente, ha pasado con LUMA. Como la JUNTA -que no la elige nadie en Puerto Rico, pero la paga el Pueblo al ritmo de sueldos exorbitantes y otros gastos exagerados-, LUMA es también una imposición carísima al país que está quebrado. Ya nos enteramos de los sueldos astronómicos que cobran sus directores. Además de pagarlos también, sufrimos la falta de luz en los hogares, en las empresas y hasta en los comercios. ¿Cómo puede esperar nadie un desarrollo económico sostenido bajo semejantes circunstancias?
Para remachar las ilusiones, aunque las iniciativas del PNP sobre la estadidad han sido rechazadas o pospuestas en Estados Unidos, se da la impresión de que se discute el problema y que la Administración Demócrata quiere dar mayor igualdad en fondos federales. Por un lado, NO se aprueba en el Congreso ni siquiera una fecha para discutir seriamente el estatus de Puerto Rico. No obstante, en el Tribunal Supremo de la metrópoli se acoge el caso de José Luis Vaello Madero sobre el Seguro Social Suplementario para Impedidos (SSI), precisamente para demostrar que el Tribunal está dominado por conservadores, que se le da vigencia a los Casos Insulares del pasado y que el Tribunal sigue creyendo en lo que decidió en Harris vs. Rosario: el Congreso puede legislar discriminatoriamente hacia Puerto Rico siempre que haya una base racional. Justamente lo opuesto a lo que viene predicando el Partido Nuevo Progresista (PNP) ¿Y cuál es la base racional? Pues, que Puerto Rico no paga impuestos federales sobre ingresos.
En cuanto a la llamada “autonomía fiscal”, Estados Unidos la otorgó en la Ley Foraker de 1900 con varios propósitos. El primero fue que Estados Unidos no tuviera que mantener el gobierno de Puerto Rico, sino que el país tuviera su propio Departamento de Hacienda y cobrara sus propios impuestos. Así el gobierno de la Isla, aunque estuviera presidido por un gobernador estadounidense, se financiaría con los impuestos de Puerto Rico a sus habitantes. No se podrían cobrar impuestos federales porque no tendríamos con qué enfrentar esa responsabilidad, además de cumplir con la de los impuestos de Puerto Rico. Finalmente, la autonomía fiscal era el mejor seguro contra la posibilidad de la estadidad federada. Si Puerto Rico la solicitaba en el futuro habría razones importantes por las cuales los propios puertorriqueños rechazarían tal cambio. Si los boricuas NO pagaban impuestos federales sobre ingresos, la estadidad sería un cambio drástico e inconveniente. Claro, el Tribunal Supremo de Estados Unidos deja el caso de Vaello Madero sin resolver o decidir hasta la primavera del año próximo. Para ellos no es un caso que lleve prisa. Y la espera es parte del diseño para atolondrar a los colonizados.
El argumento estadista de que los estadounidenses nos discriminan por raza o idioma: otro diseño engañoso
Hace un tiempo, desde que Pedro Roselló quiso reclamar la estadidad como un derecho –aunque ésta nunca lo ha sido– estadistas de Puerto Rico, confundidos por la propaganda rossellista, repiten una y otra vez el cuento de los derechos. La verdad es que el único estatus que ha sido reconocido como derecho por las resoluciones de las Naciones Unidas es la propia soberanía, o la independencia. Es así porque la independencia es equivalente a la ciudadanía de los estados en la Comunidad Internacional. Los demás tipos de estatus que pudieran existir no existen por derecho, sino por voluntad común de los actores interesados. Por ejemplo, una posible Libre Asociación Soberana de Puerto Rico con Estados Unidos, donde nuestro país se proclama soberano. Para poder existir, tiene que ser también aprobado y proclamado por las autoridades estadounidenses. No obstante, la confusión y falta de claridad, la “wirrwarr” como dicen los alemanes, es parte del diseño. Con la confusión se facilita el mantenimiento de la ilusión. También se la mantiene en Washington con el aguaje de que lloverán fondos federales.
No obstante, la realidad es que ni los liberales Demócratas por sí solos, ni mucho menos los republicanos, estarían de acuerdo con la ley de otorgar a Puerto Rico $3,000 millones para Medicaid. Actualmente, la General Accounting Office (GAO), NO recomienda aprobar esa cantidad como asignación permanente. Pero que la prensa comercial de Puerto Rico diga que allá lo discuten, mantiene la ilusión de los “fondos salvíficos”.
Por supuesto, el racismo que mencionan los estadistas existe en Estados Unidos, sobre todo de la mayoría blanca y anglo para discriminar a minorías negras, puertorriqueñas, mexicanas, latinas y orientales. Es algo que se vive y se puede demostrar en el plano de las relaciones sociales. Pero NO es la causa de la discriminación que molesta a los estadistas. Cabe explicar esto que muchos no entienden. El PNP asegura que son discriminados por racismo porque la gente sabe que dicho fenómeno está muy presente en el plano social en Estados Unidos y van a creer la alegación engañosa del PNP. Sí es engañosa por cuanto el marco jurídico legal que discrimina a Puerto Rico como territorio, es porque no es un estado, pero que NO discrimina contra las personas individuales por raza, idioma u origen nacional. Es como el pasaporte, jurídicamente, a todo ciudadano americano que lo porta, no importa su raza, idioma u origen, se le trata igual legalmente donde quiera que viaje. Pero ni la estadidad ni algunos de los fondos federales son derecho para los puertorriqueños por razón de que nuestra jurisdicción no es un estado de la federación.
Obviamente, que el PNP acuse a Estados Unidos de discriminación racial y por idioma, se percibe mal entre los estadounidenses. ¿Qué clase de amor y de voluntad de unión es esa? ¿O qué se supone que perciban en Estados Unidos cuando los estadistas acusan a esa potencia de discriminación por raza o por idioma, si les niegan a ellos la estadidad, a ellos que son personas que se creen la falsedad de que tienen derecho a ella por las muertes de puertorriqueños en las guerras de Estados Unidos? Eso es una especie de chantaje moral que nunca van a aceptar en Estados Unidos. Máxime cuando hoy se accede al ejército estadounidense voluntariamente. Es otro diseño engañoso, esta vez no de la metrópoli, sino de un partido en Puerto Rico.
La mejor prueba legal o jurídica de que no ha habido intención de discriminar contra puertorriqueños por su composición racial, por su idioma nacional español o por su condición de origen nacional como puertorriqueños –al determinar su acceso a programas federales, al no permitir que Puerto Rico elija congresistas, ni vote por el presidente de EEUU– es que si un estadounidense blanco, nacido en EEUU, de padres anglosajones –y que se comunica con los demás en el idioma inglés– se muda a Puerto Rico, pierde, por su nueva residencia en un territorio, su derecho a recibir el SSI, pierde su derecho a tener congresistas propios y pierde el derecho a votar por el Presidente de Estados Unidos. Eso lo decidió y lo explicó muy claramente el Juez presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos entonces, William Howard Taft, en el caso de Balzac versus People of Porto Rico en el año 1922: no se trata de una discriminación individual por características inherentes a personas individuales. La discriminación se da por la unidad política en que reside la persona, que es un territorio no incorporado y NO es un estado federado de la Unión Americana. Basta entender cómo funciona el federalismo para comprenderlo. El diseño malicioso es de ambos, del PNP por su falsa interpretación y por parte de Estados Unidos porque NO se hace nada, desde allá, para terminar con nuestra condición territorial, a pesar de que la misma debió ser algo temporal.
La norma legal –que los estadistas quisieran desaparecer– y que se basa en que Puerto Rico es un territorio no incorporado que no paga contribuciones sobre ingresos al gobierno federal, es precisamente la causa principal por la cual gente de clase media y pobre de Estados Unidos no suelen mudarse a Puerto Rico. NO van ellos a perder los programas y beneficios que tienen allá. Esa norma tiene como efecto que sólo los ricos y millonarios estadounidenses suelen establecerse en Puerto Rico para hacer negocios. La razón es que los ricos de allá no dependen de ninguna de las ayudas del gobierno federal estadounidense. Para muchos de ellos, capitalistas, primero que nada, su patria es el mundo entero y ni siquiera se afectan porque hayan perdido el derecho a votar por congresistas y por el presidente, pues su atención está en ver si hacen crecer o no sus capitales.
Para los estadistas, esa norma es discriminatoria y debe eliminarse. Los no estadistas sabemos, en cambio, que esas normas legales explican por qué Puerto Rico se ha mantenido como un país con residentes puertorriqueños mayormente, y como una nación compacta, difícilmente asimilable dentro del crisol estadounidense. Es este otro dato que delata un cierto diseño metropolitano para perpetuar el territorio y para nunca tener que aprobar la estadidad.
De hecho, de las cuatro migraciones importantes hacia Puerto Rico de los siglos XX y XXI, ninguna ha sido estadounidense o anglosajona. Los migrantes llegaron de España (por la represión franquista), de Cuba (por huir del gobierno de Fidel Castro), de República Dominicana (primero por la dictadura Trujillista y luego buscando mejores oportunidades económicas) y de Venezuela (por huir del Chavismo). No está demás recordar que es el gobierno federal estadounidense el que da entrada a migrantes extranjeros a Puerto Rico. NO es casualidad que la mayoría de ellos habla –como idioma vernáculo– el español.
La gran malicia metropolitana para alargar el territorio no incorporado
Uno de los temas comentados a propósito de la discusión provocada por el caso Vaello, es que el “territorio no incorporado” no se supone que fuere permanente y, sin embargo, en Puerto Rico lo ha sido. No obstante, no hay que ser un genio para formularse la siguiente pregunta: ¿Por qué si Estados Unidos no está inclinado a ofrecerle la estadidad federada a su territorio de Puerto Rico –hoy quebrado y endeudado– ha estado permitiendo que se coloque la estadidad como una opción legítima en los plebiscitos celebrados en Puerto Rico? La respuesta ingenua sería que en Puerto Rico hay un partido que insiste en pedir la estadidad. No obstante, esa puede ser una razón aducida por algunos, pero no la verdadera explicación. La verdadera explicación estriba en que Estados Unidos sabe muy bien que, mientras haya ilusión con la estadidad en Puerto Rico, sería imposible lograr un consenso en el país hacia las soluciones posibles, pero NO convenientes para Estados Unidos en estos momentos. Esas soluciones posibles serían una Libre Asociación Soberana de Puerto Rico con Estados Unidos o la independencia.
Lo antedicho permite captar la función de los estadistas puertorriqueños como tontos útiles a los fines de eternizar la colonia. Los estadistas –con un lenguaje anticolonialista– son, sin embargo, los sostenedores por excelencia del territorio no incorporado, haciendo imposible el consenso político hacia la verdadera descolonización de Puerto Rico. Esto se comprende mejor cuando se percibe correctamente el papel cumplido por el PNP como partido que lucha por administrar la colonia para que sus élites extractivas se beneficien. Señalan como colonialistas a los Populares –a no dudar muchos de ellos lo son– pero se limpian ante el Pueblo alegando que ellos, los del PNP, son estadistas: que quieren terminar la colonia con la integración. No obstante, como la integración dentro del federalismo interno de Estados Unidos no llegará, la posición del PNP se limita a hacer el teatro de que quieren estadidad, mientras lo que realmente quieren es controlar las migajas y prebendas que envía la metrópoli. En conclusión, su función política principal es facilitarles a los estadounidenses el prolongar el coloniaje, justamente lo opuesto a lo que juran realizar. Eso sólo puede catalogarse como otro diseño malicioso.
¿Y por qué Estados Unidos querrá preservar un territorio quebrado y pobre, que, en todo caso, da mala imagen internacional a Estados Unidos? Pues sencillamente porque, por más quebrados y pobres que estemos en Puerto Rico, los estadounidenses que invierten aquí, extraen cerca de $35 mil millones anualmente. Los dineros que envían desde el gobierno federal en Washington son precisamente para dar la imagen internacional de que “mejoran” a Puerto Rico. De ahí los más de dos mil millones aprobados ya para infraestructuras. Un lavado de cara que es necesario, pero que no significa desarrollo económico para nuestro país. En estos momentos la prioridad de Estados Unidos es que Puerto Rico pague su deuda, que equilibre sus finanzas gubernamentales, y que vuelva a los mercados financieros a emitir nueva deuda. La meta NO ES el desarrollo de una economía sustentable y sostenible para beneficio principal de Puerto Rico.
Estamos en otro juego internacional en que la preocupación principal de Estados Unidos está en mantenerse como potencia a pesar de los avances de China. Puerto Rico y el Caribe ya no significan lo mismo que antes para Estados Unidos en un mundo que ha movido su centro de desarrollo y riqueza hacia el Este. Para el Partido Nuevo Progresista (PNP) la prioridad tiene que ser cada vez más clara según va encontrando las puertas de Estados Unidos cerradas para su proyecto de estadidad federada. La prioridad es la de siempre, lograr ganar las elecciones en Puerto Rico–o al menos aparentar que las ganó– y administrar con ello el gobierno colonial de Puerto Rico.
¿Cuánto tiempo más podrán lograrlo sin que el pueblo se dé cuenta de lo que realmente ocurre? Eso, todavía está por verse. Sin embargo, ello sugiere que debe haber una nueva conversación entre puertorriqueños sobre las realidades que vive el país y sobre lo que pueda cobrar realidad como nuestro futuro.
|