MUNDIALEl Salvador. Jóvenes, los principales víctimas de violencia y estigmatizaciónResumen Latinoamericano
2 de diciembre de 2022.
Un estudio de la Red de JuventudES concluye que la población joven en El Salvador fue de las principales víctimas de violencia homicida durante 2021.
Durante 2021 las muertes por violencia dejaron como víctimas a 533 jóvenes de un total de 1,211 homicidios registrados. Esto concluye, según el informe «Estados de los derechos humanos de las juventudes diversas en El Salvador – 2022», que este sector poblacional es uno de los más afectados por la violencia.
La violencia feminicida en mujeres jóvenes es otro de los datos que alertó la Red JuventudES a través del estudio presentado ayer, que tiene el apoyo de la Unión Europea, Oikos, ADES y Plataforma Global El Salvador. El dato sostiene que de 135 feminicidios ocurridos durante 2021, en 60 de los casos la víctima fue una mujer entre los 15 y 24 años.
Otro informe de la red en el que evaluaba el rol del Estado en la garantía de los derechos de los jóvenes, publicado en 2020, sostenía que el derecho a la vida para este grupo de población no es respetado.
«La mayoría de muertes por homicidio corresponde a la población joven. Esto como producto de actos delincuenciales ejercidos por personas individuales, organizaciones criminales y por integrantes de la fuerza pública (PNC y FAES)», recalcó el estudio.
Durante el régimen
El análisis de la Red JuventudES durante el contexto del régimen de excepción recopiló 48 casos de vulneraciones registrados entre marzo y julio.
«Las juventudes siguen siendo blanco principal de las estructuras criminales, también uno recurrente de las detenciones arbitrarias», denuncia la Red.
“Los jóvenes forman parte del conjunto de situaciones problemáticas y al mismo tiempo sufren las consecuencias de la violencia, por eso mismo no se les puede dejar atrás”.
Miguel Varela, Jefe de cooperación de la Unión Europea.
A la vez, sostiene que se han incrementado los «abusos y atropellos» hacia jóvenes, pues de 54,000 capturas contabilizadas hasta inicios de octubre, el 58.5% correspondía a este sector.
Recién aprobado el régimen de excepción diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron de que la mayoría de detenciones que realizaban policías y soldados eran de ciudadanos y ciudadanas de este grupo.
La Asociación Azul Originario (AZO) reveló en abril que siete de cada diez hombres detenidos por la Policía pertenecían a las edades entre los 18 y 29 años. Esto representaba un porcentaje del 68 %, en el que el 93 % fueron hombres y las mujeres componían un 7 %.
Los datos de AZO detallaban que un 56% de las personas detenidas no tenían tatuajes y solo un 4% los poseía alusivos a estructuras criminales.
El 6 de abril, en su primer informe de la coyuntura, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PPDH) reveló que los hombres jóvenes, menores de 25 años, conformaban uno de los sectores a los que más han vulnerado sus derechos durante el régimen.
Dentro de los sectores que más denunciaron, hasta ese momento, destacaba por mayoría el de los hombres, con el 88 % de afectaciones. De este porcentaje 29 presuntas víctimas son menores de 25 años.
Otro de los grupos perjudicados durante la medida en curso, aprobada por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo, es el de los adolescentes.
De acuerdo con datos del Estado salvadoreño, recopilados en un informe presentado a la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), entre el 27 de marzo y el 16 de junio ingresaron a los centros de detención de menores un total de 1,624 adolescentes. De estos 1,359 fueron hombres y 266 mujeres.
El análisis también alerta sobre las reformas a la Ley Penal Juvenil, aprobadas el 31 de marzo de 2022, que incrementa hasta 20 años para jóvenes que cumplan 16 años y penas de 10 años para los que hayan cumplido 12 años de edad.
«Se observa una tendencia del Estado a seguir un modelo de represión en el cual la juventud es la mayoritariamente afectada», advirtió la Red de JuventudES, respecto a las medidas aprobadas durante el régimen de excepción.
Exigencia
La Red de JuventudES exige que se revierta la medida del régimen de excepción y cualquier otra que atente contra los derechos humanos de las juventudes “históricamente criminalizadas y estigmatizadas por su zona de residencia, identidad, entre otras formas de discriminación con las que justifican detenciones arbitrarias”.
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